Organizaciones no gubernamentales y especialistas lanzaron recientemente un informe en el que señalan que mineras de diversas partes del mundo, incluyendo México, han aprovechado la emergencia sanitaria del coronavirus para continuar sus operaciones, evadir la justicia y promover modificaciones a las leyes –de por sí laxas– para que les reditúen ganancias a futuro. Se trata de una voracidad que cuenta en varias ocasiones con apoyo directo o indirecto de algunos gobiernos.
MONTREAL, Can. (Proceso).– Los problemas causados por las compañías mineras en una larga lista de países han sido tema frecuente en investigaciones periodísticas, textos académicos y audiencias judiciales desde hace décadas… y los tiempos del covid-19 no están siendo una excepción, según el informe Voces desde el territorio, publicado el martes 2.
Elaborado por MiningWatch (Canadá), The Institute for Policy Studies (IPS, Estados Unidos) y London Mining Network (Reino Unido), entre otras organizaciones, el documento se enfoca en cómo numerosas mineras aprovechan “la pandemia por el covid-19, continúan operando, pese a los riesgos para trabajadores y comunidades, y buscan avanzar en proyectos que van contra la voluntad de las personas afectadas, mientras presionan por cambios regulatorios que mejoren sus ganancias a largo plazo”. Dichas acciones, en gran parte de los casos, han contado con el apoyo gubernamental.
En las páginas del informe aparecen ejemplos de más de una veintena de países. “Recibimos mensajes de organizaciones comunitarias desde muchos sitios, contándonos todos estos problemas cuando se suponía que imperaba la cuarentena. Por eso decidimos poner en marcha un amplio monitoreo entre distintos grupos y revisar los reportes de prensa, entre otros documentos. No han sido eventos aislados”, comenta a Proceso Kirsten Francescone, coordinadora para América Latina de MiningWatch.
Riesgos sanitarios
La minería fue considerada en varios países una actividad esencial; se permitieron sus operaciones pese a la amenaza que representa el coronavirus. “Fue vista como prioritaria por encima de la salud pública y la seguridad alimentaria, entre otros temas. Es difícil comprenderlo”, dice en entrevista Jennifer Moore, investigadora asociada del IPS. El informe recaba casos de contagio y decesos por estas disposiciones.
En la provincia canadiense de Alberta, el proyecto Kearl Lake (de Imperial Oil) formó parte de los servicios esenciales dictaminados por el gobierno provincial. En total, 45 trabajadores dieron positivo a la prueba del covid-19. Varios de estos mineros volvieron a sus hogares en cuatro provincias distintas de Canadá. Sólo en dos de ellas, Saskatchewan y Nueva Escocia, se han notificado 152 contagios relacionados y dos muertes.
En la mina rusa Olimpiada (propiedad de Polyus), 866 trabajadores contrajeron el virus. Pocas semanas atrás, el número de infectados era de 89. Esta veta de oro ha seguido funcionando bajo resguardo militar.
El informe destaca escenarios parecidos en América Latina. La mina Antamina, en Perú, fue autorizada para continuar sus operaciones, aunque no a su máxima capacidad. El 31 de marzo la empresa anunció los primeros casos positivos de covid-19. Sin embargo, los trabajos siguieron hasta el 13 de abril. El 30 de ese mes se dio a conocer que habían sido 210 los mineros afectados; uno de ellos falleció.
En suelo panameño las autoridades eximieron el 20 de marzo a la mina Cobre Panamá de las medidas de cuarentena. A principios de abril se conocieron varios casos positivos y un deceso por coronavirus. El Ministerio de Salud pidió a First Quantum (dueña del proyecto) que suspendiera operaciones. Al final, 106 trabajadores tuvieron el virus; cinco de ellos murieron.
Son numerosos los estudios científicos que han abordado las enfermedades ocupacionales. En el caso de la minería se subraya con insistencia el riesgo para los sistemas respiratorio y circulatorio. La Administración de Salud y Seguridad Minera de Estados Unidos publicó que los mineros son “particularmente vulnerables al coronavirus” debido a que buena parte de ellos sufre de algún tipo de daño pulmonar.
“Hay trabajadores con condiciones preexistentes que han sido expuestos al coronavirus. Pensemos también en las comunidades cercanas. La salud de muchas de ellas se ha visto afectada por la minería, por ejemplo, por el agua y el polvo. Los servicios de salud no son de buena calidad. Esto empeora aún más la situación”, menciona Francescone.
El informe de las organizaciones precisa que la minería no se consideró una actividad esencial en México hasta el pasado 18 de mayo. Sin embargo, se hace hincapié en que Grupo Frisco, Fresnillo e Industrias Peñoles nunca suspendieron sus operaciones.
El documento también menciona que ambientalistas en Argentina señalaron a la empresa Yamana Gold por servirse de los días de cuarentena para avanzar en el proyecto de exploración Suyai, en Chubut, aunque la actividad minera está prohibida desde 2003 en esta provincia.
Un caso parecido ocurrió en Ecuador, donde Codelco y Enami aprovecharon el bloqueo gubernamental para adelantar actividades de exploración en el noroeste del país, trabajos a los que se oponen distintas comunidades indígenas.
Madruguete regulatorio
Distintos esfuerzos para modificar normativas en favor del sector en tiempos de covid-19 también son señalados en el informe. La Corte Suprema de Brasil difundió el 22 de mayo pasado el video de una reunión entre el presidente Jair Bolsonaro y varios de sus ministros.
En la grabación, Ricardo Salles, responsable de la cartera de Medio Ambiente, comentó que la pandemia es una oportunidad para impulsar una desregulación en materia de política medioambiental, ya que los medios estarían concentrados en la contingencia sanitaria.
Nara Baré, coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, declaró: “Desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo, nuestras tierras indígenas están cada vez más amenazadas por actividades económicas depredadoras que ponen en peligro la integridad de nuestros territorios ancestrales y los recursos naturales esenciales para nuestra supervivencia.
“Con la crisis del covid-19 las actividades ilegales de mineros, madereros, narcotraficantes y otros invasores representan una amenaza aún mayor, porque pueden llevar el virus a nuestros territorios y comunidades.”
En Honduras, el gobierno informó el 27 de marzo reciente que los permisos para proyectos extractivos se tramitarían por medio de una plataforma digital, en razón del covid-19. Diversas organizaciones ya habían criticado anteriormente el magro nivel de transparencia para la atribución de estos permisos.
Unos días después se anunció que la aprobación de actividades mineras –como transporte y exportación– pasaría a ser responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico en el marco de una ley especial. Líderes comunitarios han declarado que esta disposición guarda muchas semejanzas con la normativa minera en el país que fue aprobada en 1998, tras el paso del huracán Mitch.
En Indonesia, una nueva ley de minería fue aprobada en medio de la pandemia, proyecto que el año pasado había provocado protestas ciudadanas por favorecer ampliamente a las empresas. “De por sí las regulaciones son débiles en muchos países y no se caracterizan por su transparencia. Las acciones que aparecen en el informe muestran que durante la crisis del covid-19 el escenario no está mejorando, al contrario”, apunta Francescone.
Otro asunto es que ciertas compañías han hecho donaciones en el marco de la pandemia, pero sin estándares de transparencia, aumentando con ello las sospechas de realizar una estrategia de relaciones públicas. Tal ha sido el caso de Barrick Gold en distintas zonas de África.
En Guatemala, Pan American Silver distribuyó material sanitario y alimentos. El pueblo Xinka teme que estas donaciones tengan impacto en el proceso de consulta respecto de la mina de plata de Escobal. En 2017 el Tribunal Constitucional decretó el cierre de la misma hasta que se realice el proceso de consulta.
Sin protestas
El informe de las organizaciones también expone que algunos gobiernos “han impuesto restricciones a la libertad de asociación y movimiento de las personas con el fin de proteger la salud pública. Pero estas medidas severas e incluso militarizadas comprometen la capacidad de las personas para defender sus territorios y sus vidas”.
En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha arrestado a una decena de defensores del medio ambiente desde que se declaró la pandemia; asimismo, un activista perdió la vida por disparos de desconocidos. A principios de abril los campamentos de los opositores a la mina Didipio fueron desalojados con violencia.
En Turquía varias personas fueron desalojadas de las cercanías de la mina Kirazli y obligadas a pagar el equivalente a 7 mil dólares de multa, con el argumento de que desobedecían las medidas sanitarias. Los activistas señalaron que la empresa dueña del proyecto aún contaba con personal en el lugar, pese a que el gobierno turco decidió no renovar la concesión por razones medioambientales.
En Perú se aprobó –en plena crisis por covid-19– una ley que exime de responsabilidad penal a cualquier policía o miembro del ejército que lesione o mate a una persona, siempre que esté en cumplimiento de sus funciones. Durante la pandemia, en Colombia y México no ha disminuido la violencia contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente. La organización Indepaz informó que, desde que se dio el primer caso de covid-19 en suelo colombiano, 36 activistas han muerto… En México cuatro defensores fueron asesinados durante los dos primeros meses de la crisis.
“Las comunidades merecen ser escuchadas en estos momentos por las dificultades que atraviesan y las luchas que realizan. Es necesario que se dé una organización más fuerte frente al extractivismo que no dejamos de constatar”, dice Jennifer Moore.
En la mayoría de los casos descritos en Voces desde el territorio aparecen citadas las mineras canadienses. De hecho, la Bolsa de Toronto es la más importante para las firmas de minería a nivel mundial. Pierre Gratton, presidente y director ejecutivo de la Asociación Minera de Canadá, hizo algunas declaraciones al Financial Post a raíz de la publicación del informe.
Rechazó las acusaciones respecto de que su sector se ha conducido de manera irresponsable, precisando que sus miembros convocaron a un grupo de trabajo desde el inicio de la crisis por covid-19 a modo de diseñar una estrategia. “Creo que nuestra industria se lo ha tomado muy en serio”, dijo Gratton.
Este reportaje forma parte del número 2276 de la edición impresa de Proceso, publicado el 14 de junio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
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